Se cumplen dos años de la violenta ofensiva militar en Myanmar, en el estado de Rakáin, en el oeste del país, que obligó alrededor de 739.000 rohinyá, un grupo étnico musulmán, a cruzar la frontera hacia Bangladés. Los soldados birmanos fueron acusados por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de cometer una operación de limpieza étnica con indicios de genocidio mediante asesinatos, violaciones masivas y quema de hogares en agosto de 2017.
una mayor persecución si regresan a Myanmar. Munir Uz Zaman
Se trata de una comunidad que históricamente ha sido rechazada por el propio país en el que nacieron. Myanmar no los reconoce como sus ciudadanos, no cuentan con un documento de identidad oficial de las autoridades de la nación, algo que los deja en una situación de apátridas. También tienen restricciones para movilizarse por el territorio nacional. Cuando llegó la represión militar hace dos años, alrededor de 10.000 rohinyá fueron asesinados, según estimaciones de la ONU, incluidos niños.
1 de enero de 2019. AP Photo
Ante las condiciones precarias en que viven como refugiados en Bangladés, muchos rohinyás señalan que desean regresar a sus hogares, pero bajo condiciones específicas, incluidas garantías de ciudadanía y seguridad, algo de lo que por ahora no hay garantías por parte del gobierno de Myanmar, de la presidenta Aun san Suu kyi, a quien Amnistía Internacional le retiró el premio de embajadora de conciencia, por considerar que “traicionó los valores que una vez defendió” con su “indiferencia ante las atrocidades cometidas por los militares" contra la minoría rohinyá. De hecho, en este aniversario, ni uno solo de los que escaparon hacia Bangladés ha aceptado regresar voluntariamente.
a Myanmar en Cox's Bazar (Bangladés), el 21 de agosto de 2019. Allison Joyce
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